Frente a una derecha que reivindica la libertad como ausencia de obligaciones con la sociedad, la izquierda debe reivindicar la única libertad que genuinamente libera: la libertad de comprometerse con los demás por un mundo más justo. Pero esta tarea exige —a contrapelo de los tiempos que corren— reconstruir la confianza como condición habilitante de la acción colectiva y la lucha política emancipadora.
El principal desafío de la administración Boric fue adaptar las expectativas que su triunfo había despertado en la sociedad chilena a las adversas condiciones producidas por la derrota constitucional del Apruebo en septiembre de 2022, a solo siete meses de iniciado el gobierno. La derrota —una derrota afectiva y no solo institucional— produjo frustración y una profunda desarticulación del mundo popular organizado, de la izquierda y del progresismo, desarticulación que redujo el margen de acción del gobierno, ya limitado por la falta de mayoría parlamentaria.
En ese contexto, la adaptación de las expectativas y el ajuste de los objetivos no permeó mucho más allá del activo político comprometido con las tareas de gobierno. La accidentada gestión política de los primeros meses ya había puesto el escenario cuesta arriba. Se produjo así una escisión —que a ratos fue un abismo— con los diversos segmentos sociales que habían hecho posible el triunfo, escisión que impidió identificar y capitalizar los avances parciales, sacar lecciones de los errores y sostener la moral cuando arreciaron los ataques de la derecha.
Sobre ese terreno, energizada por el aplastante triunfo del Rechazo, la derecha logró debilitar la convicción de nuestro sector y nuestra credibilidad ante los adherentes ocasionales, más antiestablishment que de izquierda. Logró también que parte importante de quienes nos habían apoyado interpretaran los avances parciales como claudicaciones. Nuestras convicciones y capacidades no fueron lo suficientemente fuertes como para contrarrestar esa narrativa, ni tampoco lo fueron para dotar de sentido los ajustes que el ejercicio del poder nos exigía.
Pese a estas dificultades, nuestro gobierno logró avances relevantes en materia de justicia social y económica: la reforma de pensiones, la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas, un alza histórica del salario mínimo, la ley de pago de pensiones de alimentos, la Estrategia Nacional del Litio, el impulso de un sistema nacional de cuidados, el copago cero en el Fondo Nacional de Salud, entre otros. Logros, todos ellos, impensables hace cuatro años, no tanto por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, sino sobre todo por el daño ocasionado al sistema político por la reaccionaria respuesta de la derecha al estallido social de 2019 y al proceso constituyente que le siguió.
En este sentido, el principal logro de la izquierda en el gobierno fue haber contribuido a recomponer la capacidad del país para canalizar institucionalmente, en un sentido de progreso y justicia social, sus principales conflictos sociales. Tras la crisis social más aguda desde la dictadura, la pandemia y dos procesos constitucionales fallidos, el gobierno de Gabriel Boric fue, en buena medida, un gobierno de reconstrucción de nuestra capacidad de gobernarnos. Paradójicamente, nadie tiene más claro —y desprecia más— este logro que la derecha radical, cuyo programa es precisamente reducir a su mínima expresión la ya debilitada institucionalidad pública para impedir que la sociedad chilena se piense como tal de otra forma, entregando esa tarea a las fuerzas del mercado.
Con todo, no nos hemos preguntado lo suficiente por las razones que nos impidieron capitalizar ese logro y ofrecer un nuevo horizonte de expectativas. Ni por qué, pese a los avances, terminamos entregando el gobierno a la derecha radical. Hemos debatido extensamente sobre factores visibles —el rol de los medios, la eficacia de la derecha, la mala gestión de crisis— y con demasiada frecuencia en los términos de nuestros adversarios —que “prometimos mucho”, que “otra cosa es con guitarra”—, pero menos sobre aquellos elementos que, siendo menos evidentes, forman parte del propio modo en que pensamos y practicamos la política.
Las decisiones que toman los actores políticos no dependen únicamente de cálculos racionales y estratégicos, sino también de disposiciones, valores y creencias que moldean silenciosamente nuestra relación con el poder: desde cómo lo disputamos hasta cómo lo ejercemos. Estas disposiciones están sedimentadas en nuestra forma de hacer política, no como puro efecto del deterioro de las instituciones democráticas bajo un capitalismo que lo coloniza todo, sino también como un factor que reproduce esa deriva. Mirada así, la experiencia reciente deja de ser solamente una resultante de decisiones tácticas determinadas por correlaciones de fuerza, y se vuelve indicio de dilemas más profundos; dilemas más propios, si se quiere, de nuestra cultura política que de nuestra inteligencia política.
Los límites de la impugnación
La cultura política de la izquierda —sobre todo de aquella formada bajo y contra el neoliberalismo como alternativa a los partidos de izquierda tradicionales— tiene muy desarrollado el músculo de la impugnación, pero mucho menos el de la imaginación y la formulación de alternativas. Este rasgo, lejos de ser parte del decorado, explica muchas de las dificultades que experimentamos siendo gobierno. Cuando las condiciones del poder nos obligaron a ajustar expectativas, negociar y priorizar, carecimos de los recursos culturales para traducir esos movimientos en un horizonte deseable para quienes nos habían llevado al poder.
Este desbalance es crítico para cualquier empeño de transformación, y se vuelve especialmente evidente al ejercer tareas de gobierno. Gobernar implica decidir en condiciones imperfectas; usar instituciones heredadas, negociar, postergar. Implica, necesariamente, frustrar expectativas y perder el encanto que viene con disputar el poder sin pagar los costos de ejercerlo. Y en ese tránsito —que en nuestro caso se hizo particularmente pesado tras la derrota del Apruebo— no basta con sortear las dificultades objetivas, sino que es necesario dotar de sentido los movimientos efectuados para superarlas.
Cuando eso no ocurre, el empeño transformador pierde capacidad de sostenerse. Para persistir —no como idea en el refugio tierno de la conciencia, sino como potencia efectiva en la cruda realidad— necesita un horizonte moral que lo oriente. Una noción de lo que consideramos bueno y justo que permita sobreponerse a la frustración, evaluar los avances, corregir el paso y reconocer el sentido de nuestros esfuerzos en la experiencia concreta. Es de esta convicción sobre lo que consideramos correcto que se nutren la esperanza y la perspectiva.
No venimos de un proceso histórico que nos ayude mucho a tener claro ese horizonte moral y a reconocer su potencialidad en nuestras experiencias. El comunismo y la socialdemocracia ofrecieron durante el siglo XX utopías y marcos interpretativos de la realidad que dieron certezas no solamente ideológicas sino también afectivas a numerosas generaciones de luchadores por la justicia social. El agotamiento de la segunda y el derrumbe estrepitoso del primero, en forma de socialismo autoritario, acabó con todo eso. Así, el futuro se nos asoma hoy no como un proyecto a construir, sino como un perpetuo presente a resistir.
A ello se suman condiciones políticas y culturales propias del desarrollo del capitalismo que conspiran día a día, desde las instituciones, pero también desde nuestra subjetividad, contra la adopción de prácticas políticas orientadas moral y no solo instrumentalmente. La expansión del mercado a los más recónditos ámbitos de la vida social y personal ha debilitado las instituciones democráticas y, con ello, la disposición de las personas a la mediación colectivamente organizada de sus intereses y necesidades. El resultado es que el desapego y el cálculo egoísta se transforman en disposiciones inseparables de las estrategias necesarias para sobrevivir y relacionarnos.
La lucha por el poder no ocurre por fuera de estas dinámicas, más bien está imbricada con su racionalidad y —cuando no es reflexiva— la reproduce. Es así que hemos naturalizado una forma de luchar por el poder que no afirma un horizonte normativo, porque está más orientada a producir desconfianza en el adversario que confianza en los fundamentos del programa propio y en la posibilidad de realizarlo. Hacemos de la denuncia un fin en sí mismo y contribuimos así a una cultura política de la sospecha permanente, descomprometida y sin brújula moral, que erosiona las bases de la acción colectiva y nuestra capacidad de imaginar un futuro más justo.
Este estilo atraviesa todo el espectro político, pero sus efectos no son políticamente neutrales. Afecta especialmente a la izquierda socialista, cuya promesa no descansa en liderazgos providenciales, sino en la organización popular e instituciones que permitan sostener la cooperación como principio fundamental de la organización social. La izquierda cuya promesa para movilizar requiere precisamente confianza, si no en la emancipación social, al menos en la acción colectiva con fines comunes; esperanza, si no en un mundo radicalmente distinto, al menos en uno mejor.
La desconfianza como recurso de poder
La desconfianza que atraviesa nuestra experiencia política actual no es un fenómeno aislado, sino expresión de un clima más amplio. Es sobre todo un subproducto del miedo que cunde en tiempos de incertidumbre. El orden neoliberal de las últimas décadas está en crisis. Hemos llevado al límite las condiciones de reproducción de la vida social, y enfrentamos una crisis simultánea de generación y distribución de riqueza que no encuentra aún una salida clara. Caída en la tasa de fertilidad, migraciones forzosas a gran escala, cambio climático, expansión del crimen organizado, inteligencia artificial controlada, sin contrapesos, por el capital. Todos estos fenómenos configuran un horizonte de inestabilidad que permea la vida cotidiana.
Sin embargo, el miedo y la desconfianza no operan como respuestas automáticas a estas condiciones. No emergen de la mera interacción entre individuos aislados y un entorno hostil, sino de cómo nos relacionamos unos con otros ante tales dificultades. Sí, vivimos tiempos de miedo y desconfianza, pero sobre todo tiempos de explotación sostenida y sistemática de estas emociones como recursos de poder. Es una forma de luchar por el poder no puramente contingente ni socialmente aislada, sino que deviene un verdadero sistema que construye narrativas, ordena percepciones y moldea disposiciones colectivas que le son necesarias para perpetuarse como tal.
Es precisamente en este terreno donde las derechas radicales han mostrado mayor eficacia. Han sabido promover estas emociones para capitalizarlas, exacerbando divisiones y debilitando vínculos de cooperación entre quienes viven de su trabajo. Lo hacen explotando nuestras pasiones más bajas y, sobre todo, canalizando la incertidumbre hacia formas de repliegue que erosionan lo común. En ese marco, la izquierda no solo compite en desventaja, sino que muchas veces responde en el mismo registro de la desconfianza, adoptando una lógica que reproduce la desafección con lo común y nos desarticula como proyecto político.
Pero esta deriva no puede atribuirse únicamente a la acción de nuestros adversarios. Las izquierdas también tenemos responsabilidad. Al quedar subsumido en la administración del orden neoliberal para evitar sus peores caras, el progresismo desatendió el debilitamiento de las instituciones democráticas y su sostenida pérdida de credibilidad. Las nuevas izquierdas refrescamos la impugnación del orden establecido, pero no hemos renovado la producción de alternativas. Allí donde se abrazaron las recetas del populismo de izquierdas se cogió un impulso pírrico, eficaz en el tiempo corto de las encuestas, pero incapaz de construir sujetos políticos y sostener procesos de cambio.
El resultado es una tensión no resuelta desde la izquierda entre la potencia destituyente de la denuncia y la fragilidad de los proyectos capaces de reemplazar lo denunciado. Por esa grieta avanzan las derechas radicales y populistas. Y, así, la desconfianza deja de ser solo un producto de condiciones estructurales para operar como una disposición estable en la lucha política que, al desplegarse tanto en los esfuerzos de conservación como de subversión del orden, va reproduciendo esas condiciones. De esta manera, la desconfianza en la acción colectiva no solo responde a un entorno epocal adverso, sino que tiende a perpetuarse a través de nuestras formas de hacer política.
En Chile, estas dinámicas adquirieron particular intensidad tras el estallido social de 2019. En esa coyuntura de profunda crisis de legitimidad, una parte de la izquierda tendió a sobrevalorar la potencia de la desconfianza como motor político, sin desarrollar con igual consistencia las capacidades necesarias para construir formas estables de organización, deliberación y proyección social e institucional. La energía destituyente, entonces, no encontró un correlato en la construcción de mediaciones duraderas entre los malestares que la motivaban y las respuestas que demandaban y que se intentaron articular.
La derrota del Apruebo y el posterior triunfo de la derecha radical mostraron con claridad los límites de esa orientación. La antipolítica —entendida como rechazo generalizado a las mediaciones, instituciones y formas organizadas de la vida común— no es un terreno neutral. Puede abrir momentáneamente el juego, pero en el largo plazo tiende a favorecer a quienes mejor capitalizan la desconfianza generalizada. Y esa ha sido, sistemáticamente, la derecha, porque la política no es otra cosa que la mediación de intereses sociales: sobre sus escombros solo crece la ley del más fuerte.
La libertad de comprometerse
El vacío que ha dejado la ausencia de proyectos capaces de inspirar confianza en la acción colectiva, sumado a la frustración con las experiencias recientes de cambio, no ha quedado deshabitado. La derecha radical ha sabido ocupar ese espacio ofreciendo una promesa de libertad que no solo normaliza, sino que necesita la desconfianza. Contiene una promesa simple y seductora: menos política, menos mediaciones, menos obligaciones. Frente a una izquierda percibida como moralmente exigente con los demás, pero indulgente consigo misma, la derecha ofrece alivio antes que exigir compromiso. Y un egoísmo bruto, pero coherente.
Se trata, sin embargo, de una concepción específica, radicalmente egoísta de la libertad: una libertad entendida como sustracción de lo común. Sustraerse del Estado, de las instituciones, de la comunidad; sustraerse, en definitiva, de los otros. En este esquema, toda forma de cooperación aparece como una imposición, toda regulación como un abuso y toda apelación a lo común como una amenaza encubierta. La comunidad deja de ser un recurso para la vida democrática y pasa a ser una carga; la política, un obstáculo; la responsabilidad compartida, una ingenuidad o incluso una estafa.
Esta concepción —profusa y sistemáticamente promovida por la derecha radical chilena, tanto la libertaria como la “republicana”— no solo tensiona el proyecto de la izquierda, sino que erosiona las bases morales de la vida democrática. Al debilitar los vínculos de cooperación, debilita también la capacidad de acción colectiva, que es precisamente lo que permite a una sociedad hacerse cargo de sus propios desafíos en cuanto sociedad. Se trata, en último término, de una “libertad” que descansa en la desposesión de la sociedad de su capacidad de decidir sobre las condiciones de su propia reproducción.
Lo que por separado no logra hoy ninguna de las autoridades incuestionables en las que cree cada facción de la derecha —Dios, la tradición, la nación, el mercado autorregulado, la virtud de las élites— lo logra la derecha radical prometiendo una libertad sin obligaciones y resultados “sin importar los costos”. Esta voluntad de optimizar el rendimiento de la máquina social soltando las amarras morales que nos vinculan es su rasgo más convocante. Pero lo demostrado por los gobiernos de sus principales exponentes es todo lo contrario: ineptitud en la gestión pública, empeoramiento en el nivel de vida de la mayoría, embrutecimiento cultural, renuncia a enfrentar los grandes desafíos de la humanidad.
Si hay una libertad que la derecha radical puede reivindicar con autoridad es una sola: la libertad de ser peores.
En este punto radica una de las principales dificultades para la izquierda porque la libertad logra representar mejor que cualquier otro valor el anhelo de control sobre la propia vida que yace, como una energía latente, en todo individuo explotado y frustrado con sus condiciones de vida. Por lo mismo, no basta con oponer a la libertad de la derecha una defensa abstracta de las instituciones ni responder con una crítica moral a sus exponentes. Es necesario disputar el sentido mismo de la libertad y su puesta en práctica, no resignarla a quienes la reducen a la mera posibilidad de sustraerse de los otros, mostrando la potencia de una concepción alternativa.
La libertad que puede y debe revitalizar a la izquierda es otra: la libertad que se expande cuando actuamos con los demás y no pese a ellos; la libertad que no se agota en la ausencia de interferencias, sino que se realiza en la ampliación efectiva de nuestras capacidades para decidir sobre nuestras vidas. Es una libertad que no niega la interdependencia, sino que la reconoce como condición práctica de nuestra emancipación y la organiza de manera justa. Una libertad que, al suponer el ejercicio de nuestra autonomía, permite la formación de una conciencia moral capaz de hacer del individuo un sujeto responsable.
Desde esta perspectiva, la confianza en la acción colectiva no limita la libertad, sino todo lo contrario: la hace posible. Allí donde existen vínculos cooperativos estables y responsabilidades compartidas, las personas disponen de más y no menos condiciones para desarrollar sus proyectos de vida. La autonomía individual, lejos de oponerse a lo común, se nutre y viabiliza a través de lo común. Por eso el socialismo, en su sentido más profundo, ha sido siempre un proyecto de libertad. Pero no de cualquier libertad, sino de la libertad que se realiza en el compromiso con otros por nuestra emancipación.
La libertad que debemos reivindicar es, en ese sentido, la única libertad que genuinamente libera: la libertad de comprometerse con los demás por un mundo más justo.
Confianza y potencia común
Recomponer nuestra cultura política exige, en esta encrucijada, un desplazamiento doble que es a la vez conceptual y práctico. Por un lado, pasar de una cultura centrada en la denuncia a una que ponga en el centro la construcción de confianza. Por otro, pasar de una cultura que entrega la libertad a la derecha —como libertad de un individuo sin obligaciones morales—, a una que la disputa e incorpora a su repertorio de prácticas simbólicas y políticas —como forma de responsabilidad con lo común y ampliación de capacidades individuales y colectivas.
Poner la construcción de confianza en el lugar que hoy ocupa la denuncia no significa abandonar la crítica ni renunciar al conflicto —consustanciales a la política democrática y a cualquier empeño emancipador—. Significa reordenarlos en torno a fines capaces de orientar éticamente la acción colectiva y hacerla más y no menos practicable, más allá de los episódicos estallidos de malestar e impugnación a lo establecido.
El conflicto es, qué duda cabe, constitutivo de la política. Pero no es suficiente para articular mayorías ni sostener proyectos colectivos en el tiempo. Puede abrir escenarios, pero no los estabiliza. De tal suerte, nuestro problema no es la ausencia de antagonismo, sino la fragilidad de las bases sobre las cuales ese antagonismo puede traducirse en construcción afirmativa y duradera de un nosotros. Sin vínculos que permitan procesar la frustración, convertir los errores en aprendizajes y sostener horizontes compartidos, incluso los procesos más prometedores tienden a agotarse o deformarse.
La confianza que necesitamos no es una disposición individual ni una actitud moral. No se exige ni se decreta. Surge de experiencias concretas en las que la cooperación produce resultados verificables y genera expectativas compartidas. Es, en ese sentido, más un punto de llegada que de partida. Aquí las tradiciones políticas clásicas difieren significativamente. Para los liberales, la confianza es sobre todo un recurso para la estabilidad de las instituciones; para los conservadores, para la consistencia de la autoridad. Para una perspectiva socialista, en cambio, la confianza no se delega ni deposita: se produce. Es el efecto —y al mismo tiempo la condición— de una práctica entre iguales que se reconocen interdependientes.
La libertad de nuestra cultura política, en tanto, no es la libertad entendida como sustraerse de toda obligación o dependencia. Es la capacidad efectiva de las personas para participar en la definición de las reglas que organizan su vida en común y desarrollar, en ese marco, sus propios proyectos de vida. No se reduce a la ausencia de mediaciones, sino que se expresa como ampliación de capacidades reales para actuar con otros. En este sentido, la libertad que una perspectiva socialista reivindica no se opone al vínculo ni es anterior a lo común, sino que se realiza cuando los habitamos.
La diferencia con la libertad de otras tradiciones políticas también es nítida. Para el liberalismo, la libertad se juega principalmente en la protección de una esfera individual frente a la interferencia externa; para el conservadurismo, en la inscripción de esa libertad dentro de un orden que la contiene. Desde una perspectiva socialista, en cambio, la libertad no se define ni por la retirada ni por la sujeción, sino por la expansión de la capacidad de actuar en común y autodeterminarnos. La libertad no como límite sino como potencia: algo que crece —o se reduce— según las relaciones que somos capaces de construir.
La libertad así entendida tampoco se concede ni se garantiza de una vez y para siempre. No es un atributo que el orden social reconoce pasivamente, sino una conquista que se ejerce y se expande en prácticas concretas. Se aprende, se ensaya y se sostiene en instituciones, vínculos y experiencias que hacen posible que más personas puedan decidir sobre sus vidas sin quedar a merced de fuerzas que no controlan, como el mercado. Por eso, más que una promesa, la libertad es un trabajo: el de crear las condiciones bajo las cuales la autonomía individual y la interdependencia colectiva se potencian mutuamente.
Una cultura política para perseverar
Volver sobre nuestra experiencia histórica reciente a la luz de estos desafíos permite mirarla de otro modo. No solo como una historia de expectativas desajustadas, errores tácticos o correlaciones de fuerza adversas, sino como la expresión de una cultura política que no logró sostener, en medio de la frustración y el desencanto, las condiciones que requería para desplegarse: confianza en la acción colectiva para perseverar, y una forma de entender la libertad que traduzca la impotencia no en retirada y egoísmo, sino en razón para actuar y crear con los demás.
Superar estas dificultades es parte de las tareas que tenemos hacia adelante. Naturalmente, no se trata de un problema que se resuelve desde el Estado ni en el tiempo acotado de un gobierno. Remite, más bien, a un plano que los excede largamente: el de cómo la manera en que interpretamos y aprendemos de nuestra experiencia individual y colectiva nos permite —o impide— transformarla. Es allí donde se juegan, de manera menos visible pero más sustantiva, las posibilidades de hacer de nuestras organizaciones instrumentos no solo de disputa de poder sino de proyectos históricos capaces de navegar y conducir los ciclos de ascenso y descenso de la movilización social.
Las condiciones políticas, por cierto, se han vuelto más y no menos desafiantes. La situación actual demanda formas más densas de vínculo, más exigentes en compromiso y más demandantes de confianza. Enfrentar ese desafío desde la oposición, frente a una derecha que busca impedir consensos racionales y socialmente aceptables, lo vuelve mucho más difícil, pero, por lo mismo, mucho más urgente. Porque cuando las capacidades institucionales se reducen, la cultura política deja de ser un mero trasfondo y pasa a ser un soporte fundamental para sostener horizontes, procesar la frustración y abrir nuevas posibilidades.
De lo que se trata, en último término, no es solo de extraer lecciones tácticas, sino de asumir como tarea el reconstruir, desde la práctica, las bases de una cultura política capaz de perseverar y de crear en medio de la adversidad de nuestro tiempo y la adversidad que es consustancial al ejercicio del poder. Perseverar, en cuanto capacidad de sostener vínculos, aprendizajes y horizontes compartidos más allá de los ciclos de éxito y fracaso. Crear, en cuanto potencia de abrir nuevas formas de acción, de organización y de vida en común allí donde las existentes se muestran insuficientes para sostener formas de vida buena.
Finalmente, lo que está en juego es si somos capaces de hacer de la política no solo una disputa de tribus por el control temporal del Estado o por resistir un futuro sombrío, sino una manera en que ejercemos nuestra libertad como especie humana, para hacernos cargo de los desafíos que nos acechan a esa escala. Un espacio donde la confianza se construye y la libertad se ejerce como potencia compartida; donde la libertad no se vive como repliegue y competencia, sino como ampliación de nuestras posibilidades de ser y actuar con otros.
*Francisco Figueroa es Periodista, padre y militante del Frente Amplio. Integra la Fundación Nodo XXI y fue ministro de Bienes Nacionales (2025-2026) en el gobierno de Gabriel Boric.
