Carta abierta a las compañeras y compañeros del Frente Amplio
En las últimas semanas la discusión sobre inteligencia artificial (IA) entró a las conversaciones internas del Frente Amplio con una carta del compañero Gonzalo Winter, que circuló ampliamente. Esto no significa que antes no hubieran existido, varios/as militantes han escrito sobre aquello, pero esta carta contribuyó a instalar un debate que, a estas alturas, la izquierda no puede eludir. A esto se suma la próxima participación de representantes nuestros en un encuentro internacional (el Congreso Panamericano 2026) cuyo lema es, precisamente, la soberanía. Sin embargo, que un debate se abra no significa que exista una posición, y esa distinción nos parece importante, porque en política lo que no se define colectivamente termina definiéndose por omisión, o lo define quien llegue primero con una propuesta escrita.
Queremos aportar a esa discusión desde una convicción: el colonialismo tecnológico ya llegó a Chile y lo hizo de una forma poco espectacular, mediante resoluciones de calificación ambiental, derechos de aprovechamiento de aguas, cláusulas de confidencialidad en licitaciones públicas y tarifas eléctricas. Historias conocidas para nuestros pueblos, acostumbrados a despojos vestidos de promesas de progreso e innovación digital.
De qué estamos hablando
Conviene partir por lo material porque el debate público sobre IA suele quedarse en lo que la tecnología puede hacer y rara vez llega a dónde se produce, con qué insumos y quién se queda con lo que genera. Estos sistemas necesitan tres cosas para existir y ninguna de ellas es abstracta. Necesitan infraestructura física, es decir, centros de datos que ocupan suelo, consumen electricidad y requieren refrigeración, además de cables submarinos que conectan esos datos con el resto del mundo. Necesitan datos, que son el registro acumulado de lo que hacemos, compramos, buscamos, enfermamos y votamos. Y necesitan trabajo humano, mucho más de lo que la industria admite, porque alguien tiene que etiquetar, clasificar, moderar y corregir aquello que después aparece como resultado automático.
América Latina participa de esa cadena en una posición específica, ya que aporta territorio, agua, energía y trabajo barato, y recibe a cambio empleo escaso, tributación discutible y ninguna injerencia sobre las decisiones que importan. La región se ha vuelto atractiva por razones claras, entre ellas el precio de la energía, la estabilidad regulatoria entendida como ausencia de exigencias, la disponibilidad de minerales (litio, minerales de tierras raras) y la disposición de los gobiernos a competir entre sí ofreciendo condiciones cada vez más favorables. Hay gobiernos vecinos que directamente han ofrecido su país como territorio libre de regulación para atraer a la industria, con el argumento de que cualquier regla prematura ahuyenta la inversión.
Chile tiene su propia versión de esto y no hace falta ir muy lejos para ilustrarla. El proyecto de centro de datos de Google en Cerrillos contemplaba enfriar sus servidores extrayendo agua del Acuífero Santiago Central y, solo por la acción judicial de vecinas y del municipio, el Segundo Tribunal Ambiental terminó anulando parcialmente su calificación ambiental el año 2024, por no haber evaluado adecuadamente los efectos sobre el acuífero. Lo relevante para nosotras no es el desenlace de ese caso particular, sino lo que revela sobre el estado de nuestra institucionalidad, porque una decisión de esa magnitud, en una región con estrés hídrico, terminó dependiendo de que alguien tuviera la perseverancia de litigar. No existían, y siguen sin existir, criterios generales sobre las condiciones que debe cumplir esta infraestructura, de modo que cada proyecto se resuelve caso a caso, con comunidades que se enteran tarde y con municipios que negocian solos frente a corporaciones cuyo patrimonio supera al de varios Estados de la región.
Cuando intentamos regular
Cada vez que en Chile se ha intentado poner reglas, la industria ha desplegado una capacidad de influencia que nuestra política no está preparada para enfrentar. La ley de protección de datos personales demoró años en tramitarse y, aun así, el actual gobierno está poniendo en duda su entrada en vigencia. El proyecto que regula los sistemas de IA ingresó el año 2024, se demoró casi un año y medio en salir de la Cámara, tras enormes esfuerzos de quienes lideraban esa iniciativa y hoy permanece en el Senado, donde el argumento que se ha instalado con más fuerza es que el enfoque de riesgo desincentiva la innovación, razón por la cual el actual gobierno anunció indicaciones para reorientarlo hacia la competitividad. El resultado práctico es que la iniciativa más avanzada de la región en esta materia lleva dos años detenida mientras la infraestructura, los contratos y los usos siguen instalándose a toda velocidad.
De ahí surge la pregunta que nos parece necesaria poner en el centro porque hasta ahora nuestra respuesta ha sido casi exclusivamente regulatoria. Reconocemos que regular es indispensable y que hay que persistir. Aun así, si toda nuestra propuesta consiste en fijar límites a un desarrollo que otros diseñan, financian y localizan, estaremos siempre discutiendo las condiciones de algo que ya fue decidido en otra parte y siempre en desventaja frente a quien tiene más recursos para influir en la tramitación. La pregunta que le proponemos al partido es qué más tenemos para decir, es decir, qué proyecto propio sostenemos sobre cómo queremos relacionarnos con estas tecnologías, quién debe ser dueño de qué, y qué decisiones no estamos dispuestos a delegar.
Dónde se juega, concretamente
Buena parte de lo que se ha escrito sitúa el problema en la disputa entre las grandes corporaciones y los Estados, y en el destino del trabajo cuando la producción deja de necesitar trabajadores. Nos parece un diagnóstico correcto y lo suscribimos, sin embargo, creemos que hay un plano que queda menos a la vista y que es donde un partido con vocación de mayorías tiene que ser más preciso, que es el de las decisiones que ya se están tomando en los territorios.
Cuando se resuelve dónde se instala un centro de datos, con cuánta agua, con qué energía y bajo qué condiciones de conexión a la red, se está resolviendo una cuestión de soberanía y gobernanza territorial, aunque el trámite parezca administrativo. Lo mismo ocurre cuando el Estado contrata servicios de nube para almacenar información sanitaria, educacional o de identidad, porque ahí se define en qué jurisdicción quedan alojados datos que describen la vida de la población, y con qué facilidad podríamos cambiar de proveedor si un día quisiéramos hacerlo. Y ocurre también, de un modo mucho menos visible, cada vez que un servicio público incorpora un sistema automatizado para ordenar listas de espera, focalizar beneficios, detectar fraude o priorizar fiscalizaciones, porque esas herramientas trasladan criterios políticos a decisiones técnicas que después nadie discute en ninguna parte.
Insistimos en este punto porque tiene una consecuencia incómoda para nosotros. Si el poder se ejerce ahí, entonces, más que identificar a la oligarquía tecnológica, paso necesario, por cierto, la disputa se gana teniendo criterios definidos para el momento en que a un funcionario le toca firmar. Y en ese terreno, hoy, llegamos con las manos vacías.
La soberanía tecnológica, entendida así, tiene dos caras. Una mira hacia afuera y pregunta de quién dependemos, quién fija los estándares y qué margen real nos queda para negociar con actores más grandes que nuestra economía. La otra mira hacia adentro y pregunta quién decide dentro del país, con qué transparencia y con qué posibilidad de que la ciudadanía reclame. Nos preocupa que la conversación se quede solo en la primera cara, porque un Estado puede ser muy celoso de su autonomía frente a las potencias y al mismo tiempo tomar decisiones automatizadas sobre su propia población sin que nadie pueda revisarlas.
Lo que aprendimos gobernando
Durante nuestro gobierno se avanzó en institucionalidad de datos personales, con una ley que se venía tramitando hace años y que por fin dotó al país de una autoridad de control con facultades para fiscalizar y sancionar, elevando el estándar chileno al nivel de las regulaciones más exigentes del mundo. Se ingresó y se empujó una regulación sobre sistemas de IA que todavía se discute en el Congreso, construida sobre un enfoque de riesgo y de protección de derechos fundamentales, que convirtió a Chile en uno de los primeros países de la región en llevar esta discusión a trámite legislativo. En el proyecto sobre deepfakes, además, incorporamos una norma que obliga a las plataformas y los proveedores de estos servicios a constituir domicilio y representación legal en Chile, que es una definición de soberanía bastante concreta, porque sin alguien a quien notificar en el territorio los derechos que reconocemos no tienen cómo ejercerse. Se actualizó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada el año 2024 tras un proceso participativo que convocó a más de trescientas personas en distintas regiones del país, que profundizó el eje de gobernanza y ética, extendió el horizonte de la política hasta el 2031 y comprometió un plan de acción coordinado entre catorce ministerios. Y se instaló el Foro Latinoamericano de Ética para la Inteligencia Artificial, trabajo que ha permitido reunir a los países latinoamericanos para discutir la gobernanza de la inteligencia artificial en tres cumbres consecutivas. Nada de eso es menor, y en varios de esos puntos seguimos siendo referencia regional.
Sin embargo, hay una autocrítica que es relevante hacer entre nosotros. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentó un plan nacional de data centers que no incorporó a las gobernanzas territoriales. Por una vía distinta, y bajo responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se modificó el reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) elevando los umbrales de almacenamiento de sustancias peligrosas, de manera que en el caso de las inflamables el límite pasó de 80 a 1.000 toneladas. Como los data centers no cuentan con una tipología propia de ingreso al sistema y venían entrando principalmente por el volumen de diésel que acopian para sus respaldos eléctricos, el efecto práctico fue que la mayoría de estos proyectos dejó de estar obligada a evaluar. Finalmente, el modelo de lenguaje “LatamGPT” fue presentado como ejemplo de soberanía tecnológica para América Latina, pero utiliza servidores de Amazon para su entrenamiento y lo cierto es que aún nadie ha visto sus resultados. Este es el estado del arte, que devela que no llegamos a construir criterios propios sobre lo que el Estado debe hacer con estas tecnologías cuando las compra y las usa, ni sobre las condiciones que debiéramos exigirle a la infraestructura que se instala en el país. Esa ausencia no se explica por falta de convicción, se explica porque nunca dimos la discusión de fondo y, por lo tanto, cada equipo resolvió lo que pudo con el criterio que tenía a mano.
Si volvemos a gobernar, y aspiramos a hacerlo, la diferencia entre improvisar y no improvisar se va a decidir en discusiones como esta, que hoy parecen abstractas y que en tres años serán proyectos de ley, decretos, bases de licitación y permisos.
Los datos no son petróleo, son trabajo acumulado
Queremos proponer un desplazamiento conceptual, porque creemos que la metáfora con la que venimos discutiendo nos está jugando en contra. Se repite que los datos son el nuevo petróleo, y esa imagen sugiere que se trata de un recurso natural que estaba ahí, disponible, esperando que alguien lo extrajera con la técnica adecuada. Si eso fuera así, la discusión terminaría en cómo se reparte la renta de esa extracción, que es más o menos donde está hoy.
Los datos no estaban ahí, los produjimos todas y todos. Los datos son conocimiento colectivo empaquetado. Cada diagnóstico médico que un modelo aprende a replicar fue antes el trabajo de una doctora, cada traducción viene del trabajo de traductores, cada conversación que hace parecer conversador a un sistema fue escrita por alguien. Y hay una capa todavía más invisible, que es la que la teoría feminista lleva décadas nombrando, porque buena parte de lo que estos sistemas procesan es trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados que nunca fue pagado, nunca fue registrado como trabajo y ahora aparece convertido en dato, en patrón de consumo, en perfil de riesgo, en predicción de comportamiento. La misma operación que durante siglos permitió que el trabajo de las mujeres sostuviera la economía sin figurar en el PIB, es la que hoy permite que el trabajo de todos sostenga una industria sin figurar en ningún balance.
Decir que los datos son trabajo acumulado cambia el problema de lugar, deja de tratarse de un asunto ambiental o de privacidad y pasa a ser una discusión sobre apropiación de trabajo ajeno, que es un terreno donde nuestra tradición sabe moverse desde hace un siglo y medio. Y tiene una consecuencia práctica, porque de la apropiación no se sale solamente cobrando, se sale reclamando propiedad y decisión sobre lo apropiado.
De ahí se entiende también por qué la cadena de trabajo que sostiene a esta industria hoy no puede quedar como algo al margen. Estos sistemas funcionan gracias a personas que etiquetan datos, revisan contenido y corrigen resultados, en condiciones que en nuestra región son precarias, tercerizadas y mayoritariamente femeninas. Reconocer ese trabajo cambia la conversación, ya que deja de tratarse de una máquina que nos reemplaza y pasa a tratarse de una industria con trabajadoras concretas, condiciones laborales verificables y, por lo tanto, con derechos exigibles.
Y en el otro extremo de la cadena pasa algo equivalente, porque los sistemas que clasifican personas para asignar recursos públicos operan sobre categorías que alguien definió, y en esa definición se decide quién aparece como caso prioritario y quién como sospechoso de fraude, materia que en Chile conocemos bien por la experiencia de la focalización.
Renta o decisión: una discrepancia
Con lo anterior en mano, queremos plantear una diferencia con una de las propuestas que ha ganado terreno en la izquierda internacional y que también circuló entre nosotros, la de un impuesto global a la inteligencia artificial cuya recaudación se distribuya entre los pueblos que produjeron el conocimiento sobre el cual se entrenaron estos modelos. Entendemos su atractivo y compartimos el fundamento, porque si la riqueza se construyó sobre trabajo apropiado, algo hay que restituir.
Nuestra objeción es que ese diseño restituye renta y no restituye decisión, y esa distinción a nosotros nos duele por experiencia propia. Chile lleva medio siglo discutiendo qué porcentaje nos corresponde del cobre y ahora del litio, y en ese mismo período no ha logrado decidir gran cosa sobre a qué ritmo se extrae, para qué industria, con qué agua y con qué destino. Un pueblo que recibe un porcentaje de una actividad sobre la cual no manda tiene ingresos, no tiene soberanía. Nos parece que la izquierda del sur no debería repetir ese diseño justo ahora, cuando la infraestructura recién se está instalando y todavía se pueden poner condiciones.
Por eso creemos que la definición central no es solo cuánto nos toca, sino también qué podemos decidir, incluida la facultad de negarnos. Ahí está, a nuestro juicio, lo que nuestra tradición socialista tiene para aportar y que el debate regulatorio corriente a veces deja de lado. El liberalismo tecnológico puede aceptar límites al uso de una herramienta sin tocar jamás la cuestión de quién la posee y quién se beneficia de ella. La izquierda se viene preguntando eso desde hace más de un siglo, ya se trate del cobre, del agua o de la capacidad de cómputo. Y viene con una segunda pregunta que nos cuesta más formular, porque nuestra propia tradición fue muchas veces entusiasta del progreso técnico, que es la del límite y el ritmo, es decir, la posibilidad de sostener que hay funciones públicas, vínculos y trabajos donde la eficiencia no es el valor que debe mandar.
De ahí se sigue una prevención sobre una respuesta que suena bien y que debemos examinar, la de construir capacidades propias. Estamos de acuerdo en que el país necesita infraestructura y talento, aunque nos parece que, sin definiciones previas sobre propiedad, condiciones laborales, uso de recursos naturales y control democrático, una infraestructura estatal puede terminar operando con la misma lógica que decimos combatir, solo que financiada con recursos públicos.
Como nos definimos socialistas, conviene recordar que en nuestra tradición el problema nunca fue la técnica en sí, sino las relaciones sociales dentro de las cuales se despliega, porque una misma máquina puede alargar la jornada o acortarla según quién sea su dueño y a favor de quién opere. Y en la versión chilena de esa tradición, la que se construyó por la vía democrática y con participación de los trabajadores y trabajadoras en la conducción de lo que se nacionalizaba, la propiedad pública nunca fue un fin en sí misma, era el modo de poner una actividad estratégica bajo decisión colectiva. Ese es el estándar que podemos aplicar hoy a la infraestructura digital porque un centro de datos estatal sobre el que nadie deliberó, cuyas condiciones de uso no discutió ningún territorio y cuyos criterios de operación no conoce ni el Congreso, sería propiedad pública sin soberanía, que es precisamente lo que venimos criticando.
Cuatro definiciones que el Frente Amplio puede tomar ahora
Los espacios de reflexión son muy importantes, pero también creemos que es importante pasar a lo concreto en el tema tecnológico, que hasta el momento le ha pasado por el lado a nuestra fuerza política. Proponemos cuatro definiciones que se puedan discutir y votar antes de que termine el año, y que después se puedan citar en una comisión, en una negociación programática o en una mesa con el Ejecutivo.
La primera, que ninguna infraestructura digital de gran escala se instale en el país sin condiciones vinculantes y públicas sobre uso de agua y energía, uso de suelo y retribución a la comunidad donde se emplaza, con estándares generales que no dependan de la capacidad de litigar de los vecinos, como ha ocurrido en Cerrillo, Quilicura y La Pincoya.
La segunda, que el Estado no pueda adoptar decisiones que afecten derechos de las personas mediante sistemas automatizados sin un registro público de esos sistemas, sin revisión humana efectiva y sin un responsable identificable ante quien reclamar.
La tercera, que los datos producidos por la población chilena en su relación con servicios públicos sean tratados como patrimonio colectivo, lo que implica reglas sobre jurisdicción, portabilidad y prohibición de cesión a terceros, y no como un activo que cada servicio negocia por su cuenta.
La cuarta, que toda contratación pública de tecnología incorpore estándares laborales verificables a lo largo de la cadena, incluido el trabajo de etiquetado y moderación, del mismo modo en que exigimos condiciones laborales a cualquier proveedor del Estado.
Sabemos que estas definiciones son discutibles y esperamos que se discutan, incluso que se reemplacen por otras mejores. Lo que nos parece importante es que sean del tipo de cosa que se puede aprobar o rechazar, porque una posición política se reconoce en que alguien puede estar en desacuerdo con ella.
Esta carta no pretende cerrar nada, y de hecho quisiéramos equivocarnos en varias de sus afirmaciones, siempre que sea después de haberlas discutido. Lo que no nos parece aceptable es seguir llegando a las conversaciones importantes con la lucidez de quien alcanzó a leer más que el resto, cuando lo que corresponde es llegar con una posición construida entre todos y todas.
Quedamos a disposición para trabajarla.
Carolina Gainza Cortés
Exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y militante del Frente de Educación y Ciencias de la Región Metropolitana del Frente Amplio.
Camila Aguayo León
Militante del Frente de Educación y Ciencias del Territorio Internacional del Frente Amplio.
