La política de la impugnación posee una eficacia reconocible. En contextos de desafección, incertidumbre o fatiga institucional, permite ordenar rápidamente el campo político, simplificar el conflicto y transformar el malestar en adhesión. Su fuerza radica en articular antagonismos, identificar responsables y ofrecer una lectura clara de un presente fragmentado. Pero esa eficacia tiene un límite: la lógica impugnadora puede abrir acceso al poder, pero no logra por sí misma generar adhesión hacia proyectos que, una vez en el gobierno, dejan de ser evaluados como denunciantes de la realidad y pasan a ser juzgados como responsables de decidir sobre ella.
Ese parece ser uno de los problemas centrales del momento actual. El oficialismo llegó al gobierno con la convicción de que el reemplazo de la élite en el poder por otra que se asumía portadora del diagnóstico correcto bastaría para corregir el rumbo. Sin embargo, gobernar supone mucho más que la mera reafirmación identitaria de las posiciones afirmadas en campaña. El Estado no es un dispositivo disponible para la pura voluntad política. Está atravesado por restricciones institucionales, limitaciones fiscales e inercias organizacionales. Por eso, el paso desde la oposición al gobierno no consiste solo en un cambio de lugar institucional, sino también en una transformación de la propia práctica política. La denuncia deja de ser suficiente cuando la decisión pasa a ser responsabilidad propia.
En democracia, el momento electoral otorga una autorización de origen para gobernar, pero su vigencia depende de un proceso político posterior, en el que resultan decisivas la eficacia, la capacidad de negociación, la ampliación de la base de apoyo y la gestión de los costos de las decisiones complejas. Cuando un gobierno olvida esta distinción, corre el riesgo de actuar como si la victoria fuese un cheque en blanco. Esa presunción empobrece su lectura de la realidad y alimenta una disposición soberbia frente al conflicto, como si el triunfo electoral autorizara a prescindir de interlocución con la oposición, de rectificaciones o de ajustes cuando sean necesarios.
La experiencia reciente ofrece una advertencia clara. Los procesos constituyentes, pese a sus diferencias, compartieron un rasgo importante. En ambos casos operó una ilusión de mayoría cuya cohesión descansaba más en el rechazo al ciclo previo que en la afirmación de un horizonte común. Se trató de mayorías intensas pero inestables, más sostenidas en la negatividad que en la articulación duradera de un proyecto mayoritario. La enseñanza es relevante: la impugnación puede ser eficaz para erosionar la legitimidad de un adversario y abrir una oportunidad de acceso al poder, pero no basta para sostener un proyecto de gobierno cuando la responsabilidad de decidir pasa a ser propia.
El riesgo de persistir en esa lógica no se limita a una mala gestión. Un gobierno que sigue moviéndose bajo la gramática de la impugnación dificulta la construcción de mayorías estables porque continúa ordenando el campo político en torno al rechazo antes que a la articulación de apoyos duraderos. Al mismo tiempo, instala una retórica permanente de la emergencia, en la que cada conflicto se presenta como una prueba decisiva de voluntad política, reduciendo el espacio para la deliberación, la negociación y la rectificación.
Si esa lógica se prolonga, no solo se erosiona la legitimidad de las decisiones del gobierno, también se debilita la confianza necesaria para enfrentar conflictos complejos y se refuerza una cultura política en la que toda diferencia tiende a leerse como obstrucción ilegítima. Y cuando eso ocurre, el daño excede al gobierno de turno. Lo que se resiente no es solo la eficacia de una administración, sino también las ya debilitadas bases de legitimidad del sistema político democrático.
*Guillermo Marín Vargas es cientista político y magister en Estudios Latinoamericanos.
